Comunicado de la Sociedad Civil al Presidente Jimmy Morales

Comunicado de la Sociedad Civil al Presidente Jimmy Morales

El 11 de febrero de 2016, el consorcio PARLAD (Parlamento Abierto y Democrático) integrado por la Asociación para el Desarrollo Legislativo -LEGIS-, Centro de Estudios de Guatemala -CEG-, Instituto Nacional Demócrata -NDI-,  Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria -NIMD- y las organizaciones de Sociedad Civil: Pro Justicia,  La Asociación de investigación y estudios sociales -ASIES-, Instituto de Estudios Comparados -ICCPG-, Fundación Myrna Mack, Asociación para la integridad de la función pública, Incidencia ciudadana, Coordinadora de estudiantes universitarios de Guatemala, Guatemala visible, entre otras, emitieron el siguiente comunicado dirigida al Presidente de la República de Guatemala:

LUCES Y SOMBRAS EN EL PROCESO DE INTEGRACIÓN DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD

  • Enfáticamente recomendamos al presidente Jimmy Morales que reconsidere su actitud ante la designación de magistrados de la CC, que del secretismo pase a la publicidad y a la transparencia; y aplique el artículo 113 de la Constitución para fundamentar su decisión.

En enero recién pasado, numerosas organizaciones integramos un Grupo Multisectorial con el fin de impulsar propuestas que aporten publicidad y transparencia al proceso de designación de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC). Especialmente promovemos la aplicación del artículo 113 de la Constitución y que sea éste el que rija todas las actuaciones, a fin de que la Corte quede integrada por profesionales cuyo nombramiento esté fundamentado únicamente en su capacidad, idoneidad y honradez.

A casi un mes de que finalice el plazo en que debe estar completa la designación de magistrados titulares y suplentes para el nuevo período, compartimos con la opinión pública algunas líneas de análisis sobre la marcha del proceso.

  1. Encontramos injustificado el secretismo con que actúa el presidente de la República, Jimmy Morales, argumentando que solo cumple con la ley. Nada le impide abrir el proceso al escrutinio público, aportar legitimidad al mismo, fomentar la participación ciudadana y permitir la verificación de criterios o instrumentos utilizados para determinar la idoneidad, la capacidad y la honorabilidad de los candidatos.
  2. Por eso, exhortamos al Presidente a reconsiderar la forma en que está abordando su potestad constitucional; y le pedimos que transforme en público y transparente un proceso que hasta ahora ha mantenido innecesariamente en la opacidad.
  3. En congruencia con lo anterior, reconocemos la actitud de entes como el Congreso de la República, el Consejo Superior Universitario de la USAC y la Corte Suprema de Justicia, que han optado por llevar a cabo un proceso de designación de magistrados en forma pública. Hemos revisado los procedimientos aprobados en cada ente, y consideramos que cumplen con rangos adecuados de publicidad y transparencia.
  4. No obstante eso, advertimos que la publicidad y la transparencia no bastan. Las peores designaciones podrían tener lugar en un marco de buenas prácticas y amplio acceso a la información, si los designantes optan por celebrar negociaciones espurias para determinar con antelación el resultado de los procesos, desnaturalizando el sentido profundo de la publicidad y la transparencia.
  5. Coincidimos con el comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, cuando advierte que la transparencia no es suficiente, pues aun en medio de buenas prácticas y procedimientos de transparencia podrían concretarse nombramientos que contravienen los requisitos de idoneidad, capacidad, honradez y
    honorabilidad que demanda la Constitución; y que son indispensables para avanzar en la lucha contra la corrupción y la impunidad.
  6. Esos requisitos no son un conjunto de sugerencias que pueden ser atendidas o no, a discreción. Constituyen un mandato constitucional que deben atender todos los entes designantes, tal como lo ha interpretado de manera reiterada la Corte de Constitucionalidad.
  7. Dada la importancia que para Guatemala y su futuro tiene el actual proceso de integración de la CC, solicitamos a la Comisión Internacional contra la Impunidad abrir investigaciones sobre las redes y estructuras de tráfico de influencias y corrupción que estarían afectando las designaciones. Hemos recibido denuncias sobre la eventual compra de votos y financiamientos oscuros en diferentes etapas y ámbitos del proceso, las cuales no debieran caer en el vacío y la indiferencia.
  8. Reiteramos la solicitud presentada al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, por medio del Presidente de su Junta Directiva, para que se plantee al Tribunal Electoral de dicho colegio profesional la necesidad de contemplar un procedimiento para recibir y resolver tachas u objeciones contra los candidatos, previo a la elección, que permita asegurar que quienes participen en tal contienda electoral cumplan con los requisitos constitucionales ya mencionados.
  9. Hacemos un llamado al voto responsable, serio y comprometido del gremio jurídico. Instamos a los integrantes del Colegio de Abogados a reflexionar sobre sus deberes y obligaciones al momento de ejercer su derecho al voto en la Asamblea del Colegio; los exhortamos a apoyar las opciones realmente idóneas y a rechazar el proselitismo millonario, presuntamente procedente de fuentes oscuras y de intereses inconfesados que buscan cooptar la CC.

Guatemala, 11 de febrero de 2016

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