Las organizaciones sociales especializadas en materia electoral, derechos humanos, seguridad y justicia
Al pueblo de Guatemala y a la Comunidad Internacional
HACEMOS SABER:
Que desde nuestros ámbitos específicos de trabajo mantenemos una observación constante de los acontecimientos sociales, económicos y políticos que afectan a toda la población.
VEMOS CON SUMA PREOCUPACIÓN:
I. EN EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA:
Que las acciones tomadas por los Diputados y Diputadas evidencian, en su mayoría, una agenda legislativa regresiva, orientada a beneficiar a grupos específicos y a violentar derechos fundamentales de otros sectores. Entre otras, se identifican las siguientes iniciativas que resultarían nocivas para el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática:
- Iniciativa de Ley 5377 (reformas a la Ley de Reconciliación Nacional): otorga amnistías a los acusados de crímenes de lesa humanidad, violentando tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos. Se trata de una iniciativa que promueve la impunidad a ultranza y al más alto nivel, en tanto se extiende a políticos y a todos los delitos, sin estar relacionados al conflicto armado.
- Iniciativa de Ley 5239 (“Ley Mordaza”): criminaliza la protesta ciudadana a través de la creación de los delitos de Toma de Rehenes y Ciberterrorismo, violentando los derechos de manifestación pacífica y de libertad de expresión.
- Iniciativa de Ley 5148 (Reformas al Código Procesal Penal): establece un plazo máximo, de 18 meses, a la duración de la prisión preventiva, permitiendo que los sindicados con acciones dilatorias saquen provecho de su propio litigio malicioso.
- Iniciativa de Ley 5300 (Reformas a la Ley en Materia de Antejuicio): promueve que el Congreso tenga el control exclusivo para decidir en definitiva si ha lugar o no ha formación de causa contra el Fiscal General o Magistrados de la Corte de Constitucionalidad, por ejemplo, convirtiéndose en un exceso de poder.
- Iniciativa de Ley 5257 (Reformas a la Ley de Organizaciones no Gubernamentales): violenta los derechos de libertad de asociación, libertad de expresión y no injerencia estatal, que supone un obstáculo a la participación ciudadana y la desaparición de los mecanismos de auditoría social al ejercicio de poder público.
- Iniciativa de Ley 5266 (“Ley Antimaras” reforma el Código Penal): crea el delito de Terrorismo, entendido como cualquier forma de coacción, y criminaliza la integración de grupos denominados maras, independientemente que cometan o no acciones delictivas sin atacar las verdaderas causas de este fenómeno social.
- Iniciativa de Ley 5325 (Ley de Comisiones Especiales de Investigación): propone la creación de comisiones especiales de investigación dependientes del Organismo Legislativo para llevar a cabo investigaciones de fiscales o jueces cuando exista “conflictos del interés”, supone injerencia y violación de garantías constitucionales.
Que ante la integración de una Comisión Extraordinaria para la discusión y reforma del artículo 407 del Código Penal, relativo al delito de Financiamiento Electoral Ilícito, anónimo y no registrado, demandamos que la propuesta normativa se limite a definir en forma contundente el tipo penal y las penas a imponer, pero que no cambie ni sustraiga ninguno de los verbos rectores contemplados actualmente ni las formas de ejecución o participación, pues eso podría beneficiar a personas individuales o jurídicas que ya están siendo investigadas y funcionarios contra quienes ya se han iniciado diligencias de antejuicio, lo que significaría dejar en la impunidad delitos consumados.
II. EN EL EJECUTIVO, ANTE EL PRÓXIMO NOMBRAMIENTO DE FISCAL GENERAL:
Que la elección de Fiscal General es crucial para la continuidad del combate a la corrupción, por lo que exigimos al señor Presidente de la República, que sobre la nómina de seis candidatos(as) que le fue trasladada nombre al profesional más idóneo, honorable y cuya historia de vida no permita dudar sobre su transparencia y oposición a cualquier manifestación de corrupción, así como su apoyo incondicional a CICIG.
POR LO ANTES EXPUESTO,
CONSIDERAMOS IMPORTANTE POR PARTE DE LA CIUDADANÍA:
Mantenernos vigilantes de todas las decisiones y acciones que se tomen desde el Congreso de la República, sobre todo de sus representantes distritales y a exigir de ellos que, desde sus funciones, velen por el bien común y por el Estado de Derecho, advirtiendo que de no cumplir con estas obligaciones podrían ser abiertamente cuestionados por no gozar de legitimidad social.
De igual manera, a continuar observando el proceso de nombramiento de Fiscal General, ahora sujeto a decisión del Presidente de la República, a compartir información y a demandar que sea nombrado el mejor candidato/a.
FIRMANTES:
Centros de Estudios de Guatemala -CEG-; Asociación para el Desarrollo Legislativo y la Democracia -LEGIS-; Asociación por la Integridad de la Gestión Pública –INTEGRIDAD– ; Servicios Jurídicos y Sociales -SERJUS-; Consejo Maya Mam; Junam Kikel; Movimiento Cantelense; RESEDEC; Asociación de Entidades de Desarrollo y de Servicio no Gubernamentales de Guatemala -ASINDES-; Red de la no Violencia contra las Mujeres, -REDNOVI-; Grupo Guatemalteco de Mujeres, -GGM-; CNUSS; CIE; REDNAJ; Asociación Gente Positiva.
Guatemala, 18 de abril de 2018.